Prisión para un criador ilegal que tenía 544 perros hacinados en jaulas de conejos.
El acusado admite en el juicio que maltrataba a los animales, que estaban en precario estado sanitario
y mal alimentados.
El 29 de mayo de 2020 la Guardia Civil encontró en una antigua granja de conejos de Maella a 544 perros –294 adultos y 250 cachorros– en unas condiciones que calificó de deplorables. Lo primero que detectaron los agentes del Seprona al entrar a la nave fue un fuerte hedor por la absoluta falta de limpieza y la cantidad de heces y orines que se acumulaban en las jaulas y en el suelo. Enseguida comprobaron, además, que apenas tenían agua y comida y que carecían de atención veterinaria, salvo la que él mismo les proporcionaba sin tener conocimientos para ello y con medicamentos, algunos caducados, que tenía en su poder.
«Las instalaciones están en unas condiciones higiénico sanitarias deplorables. Se pueden observar numerosos animales que están encerrados en jaulas de dimensiones reducidas (por ser para conejos y no para canes), lo que implica su hacinamiento e insalubridad, ya que debido al reducido espacio los animales defecan y orinan encima de la propia comida», reflejaron los guardias civiles en su informe. El deficiente estado de los perros era tal que siete de ellos murieron en los días siguientes a la intervención policial.
Los responsables del criadero ilegal de perros resultaron ser Adrián David Garsed, de 71 años, y Iulia A., de 52, los cuales fueron denunciados por estos hechos, aunque los animales se quedaron en su poder. Una semana después, el 4 de junio de 2020, agentes de sanidad veterinaria del Gobierno de Aragón y Técnicos Veterinarios del Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza (CMPA) acudieron de nuevo a las instalaciones de Maella y de los 544 perros que había contado la Guardia Civil solo quedaban 55.
Adrián David Garsed fue juzgado ayer en el Penal número 1 de Zaragoza. El acusado reconoció los hechos y se conformó con una pena de 18 meses de prisión y 4 de inhabilitación para trabajar con animales, así como el pago de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La acusación particular, ejercida por la abogada María Luisa Gutiérrez Casas en nombre de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales (ANAA), pedía penas de cárcel más elevadas, pues incluía un delito de falsedad por las cartillas de los animales. Pero, finalmente, el acusado se avino a llegar a un acuerdo y aceptó la mencionada condena, sin necesidad de celebrarse la vista oral. Junto a él iba a ser juzgada Iulia A., de 53, aunque se retiraron los cargos al entender que no había suficiente prueba contra ella.
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